Nueva Ley Agraria: inversión con apellido y factura al erario

 Por: Wens Silvestre

El Congreso ha aprobado este 14 de agosto, en segunda votación, la Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, con protección social hacia la agricultura moderna. Con ello, se inaugura un nuevo capítulo en la historia de los incentivos tributarios al agro peruano, que ya acumulan más de dos décadas de vigencia. La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a una política de desarrollo bien enfocada o ante la reedición de un beneficio concentrado que se paga con recursos de todos?

Para empezar, el corazón de la norma es la reducción del Impuesto a la Renta al 15 % para las empresas agrarias hasta 2035, así como una escala reducida para pequeños productores. Además, se mantienen incentivos como la depreciación acelerada para obras de riego, la recuperación anticipada del IGV, la deducción especial por compras a pequeños productores y el drawback. Sobre el papel, se plantea un esquema progresivo: alivios más intensos para unidades pequeñas y medianas, y una tasa preferencial amplia para el resto del sector. El discurso oficial lo presenta como una fórmula para atraer inversiones, generar empleo formal y fomentar prácticas sostenibles.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado que este paquete tributario podría costar entre S/ 1,850 y S/ 2,000 millones anuales —más de S/ 20,000 millones en la década—. La evidencia recogida en estudios oficiales muestra que menos del 0,2 % de las unidades productivas agrarias concentra la mayoría de estos beneficios, lo que significa que buena parte del gasto tributario se dirige a un puñado de empresas agroexportadoras ya consolidadas. No se trata de cuestionar a la agroexportación como motor económico, pues sería desconocer su contribución a la diversificación exportadora y a la inversión privada, sino de llamar la atención sobre la forma en que se distribuyen los recursos fiscales. Un incentivo mal focalizado termina premiando inversiones que probablemente se habrían realizado igual, lo que en economía se llama “windfall”: gasto público sin efecto adicional significativo.

De esta manera, el país enfrenta un dilema fiscal y una oportunidad perdida. Perú tiene demandas crecientes en salud, educación, seguridad ciudadana y adaptación al cambio climático, con un margen presupuestal cada vez más estrecho. Mantener por diez años un régimen tributario preferente tan amplio para un sector que ya goza de ventajas competitivas es, como mínimo, discutible desde la perspectiva de responsabilidad fiscal. La oportunidad estaba en rediseñar el beneficio para que funcione como incentivo condicional: que la tasa reducida se otorgue solo a quienes demuestren inversión nueva y comprobable, generación neta de empleo formal, encadenamientos reales con la agricultura familiar y mejoras verificables en productividad hídrica y sostenibilidad ambiental.

Además, la ley introduce disposiciones que pueden abrir la puerta a la transacción de excedentes de agua sin una regulación eficaz de la Autoridad Nacional del Agua. Ello tensiona el principio de que el recurso hídrico es patrimonio de la Nación y debe ser gestionado de forma equitativa y sostenible. Sin un marco claro, podríamos estar ante una privatización encubierta de un bien público crítico.

Por todo lo anterior, lo aprobado no está escrito en piedra: el reglamento de la ley será la última trinchera para corregir omisiones y cerrar vacíos. Allí debería incorporarse un sistema de evaluación intermedia en 2029-2030, cláusulas de caducidad y mecanismos de transparencia que permitan conocer, empresa por empresa, cuánto recibe y qué resultados genera.

En definitiva, la nueva Ley Agraria podía haber sido el vehículo para transitar de un beneficio tributario generalizado a un verdadero instrumento de desarrollo inclusivo, fiscalmente sostenible y ambientalmente responsable. En lugar de ello, corre el riesgo de convertirse en un incentivo con apellido, que asegura rentabilidad a unos pocos y deja la factura al conjunto de los contribuyentes. Si el objetivo es que el agro moderno sea también un agro justo, la discusión no termina hoy: recién empieza, y se jugará en el terreno del reglamento, la fiscalización y la capacidad del Estado de hacer que cada sol de incentivo se traduzca en productividad, empleo digno y sostenibilidad.

Crédito suplementario con letras pequeñas: implicancias jurídicas y fiscales

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación, por mayoría, del dictamen en la Comisión de Presupuesto del Congreso, referido al Proyecto de Ley 11923/2024-PE, suscita profundas preocupaciones desde las perspectivas constitucional, parlamentaria y fiscal. Este dictamen no solo contiene disposiciones no contempladas en el proyecto de ley originalmente presentado por el Poder Ejecutivo, sino que además plantea serios cuestionamientos en torno a su oportunidad y al respeto de los procedimientos parlamentarios establecidos.

En primer lugar, es necesario subrayar la particularidad en los tiempos de presentación del proyecto. El Poder Ejecutivo remitió el proyecto el pasado 15 de julio, un mes después de la conclusión del periodo legislativo regular 2024-2025, que terminó el 15 de junio. Esta tardía presentación parecería orientada a lograr la aprobación exclusiva por parte de la Comisión Permanente, evitando así un debate amplio, transparente y democrático en el Pleno del Congreso, práctica que resulta altamente cuestionable desde el punto de vista institucional y democrático.

A ello se suma otro dato alarmante: el dictamen aprobado no solo conserva los 17 artículos propuestos originalmente, sino que multiplica exponencialmente el contenido normativo, incorporando 50 disposiciones complementarias finales, 7 disposiciones complementarias modificatorias y 1 disposición complementaria derogatoria, frente a las 9 disposiciones finales, 2 modificatorias y 1 derogatoria planteadas inicialmente por el Ejecutivo. Esta alteración en la densidad normativa del texto configura, sin lugar a dudas, un exceso legislativo que desborda el marco presupuestario, desnaturaliza el proyecto original y vulnera el principio de unidad de materia previsto en la Constitución.

Pero lo más grave es la forma en que se aprobó: la Comisión de Presupuesto convocó a una sesión extraordinaria el día 16 de julio —es decir, apenas un día después de recibida la propuesta del Ejecutivo— y aprobó el dictamen en mayoría con escaso o nulo debate sobre el nuevo contenido agregado. En términos técnicos, este procedimiento impide que se ejerzan adecuadamente las funciones deliberativas, de control político y de representación parlamentaria, dejando a la ciudadanía sin la posibilidad de conocer, debatir o cuestionar normas que afectan de forma directa la estructura institucional del Estado y los recursos públicos.

Además, el dictamen introduce modificaciones sustanciales a leyes existentes, entre ellas la Ley Universitaria y la Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), alterando funciones, reglas de nombramiento y condiciones institucionales que deberían ser debatidas en comisiones especializadas y a través de proyectos independientes, no en una ley presupuestaria.

En cuanto a la Ley Universitaria, la inclusión de una disposición que reinicia el cómputo del período del Consejo Directivo y del Superintendente de la SUNEDU favorece de forma directa y específica a sus actuales integrantes, desconociendo el tiempo ya cumplido en el ejercicio de sus cargos. Esta situación podría vulnerar principios fundamentales como la no retroactividad de las normas y la estabilidad jurídica, generando incertidumbre sobre la autonomía universitaria y el adecuado gobierno del sistema educativo superior.

Respecto a la Ley ANIN, el dictamen plantea cambios fundamentales en la naturaleza institucional y operacional de esta entidad. Se eliminan criterios objetivos para la selección e inclusión de proyectos estratégicos de infraestructura, así como requisitos claros en la designación y permanencia del jefe institucional. Estas modificaciones implican una clara expansión de la discrecionalidad política y administrativa, poniendo en riesgo la transparencia, la eficiencia y la autonomía técnica de la ANIN, con serias consecuencias en la planificación y ejecución eficiente de la infraestructura pública nacional.

Desde la perspectiva fiscal, resulta alarmante que se introduzcan compromisos permanentes de gasto —como incrementos salariales o beneficios laborales— sin un análisis riguroso de sostenibilidad fiscal. En un contexto de debilidad económica y recaudación limitada, esta práctica evidencia la continuidad de una política fiscal improvisada y populista que compromete seriamente la estabilidad macroeconómica del país.

En definitiva, la aprobación de este dictamen refleja una preocupante combinación de irresponsabilidad fiscal, vulneración de principios constitucionales y una deficiente técnica legislativa. Corresponde al Congreso -y en particular a los integrantes de la Comisión Permanente- actuar con responsabilidad y rectificar estas decisiones, garantizando que todas las iniciativas presupuestarias sean debatidas de manera abierta, transparente y con la profundidad técnica que el país exige.

El uso político del servicio civil y el aumento salarial de Dina Boluarte

Por: Wens Silvestre

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió aprobar, a través del Decreto Supremo Nº 136-2025-EF, un aumento de más del 128% en su propia compensación económica, pasando de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales, en medio de una de las etapas más críticas del Perú en términos fiscales, políticos y sociales. Este acto, revestido de tecnocracia pero fundado en intereses políticos, expone un fenómeno recurrente en los regímenes latinoamericanos: la captura del aparato institucional para beneficio propio. Esta vez, la herramienta ha sido el sistema de servicio civil, representado por SERVIR.

La Ley del Servicio Civil (Ley Nº 30057) fue concebida para profesionalizar al Estado, garantizar meritocracia, equidad y eficiencia en el aparato público. No obstante, lo ocurrido en este caso demuestra una instrumentalización perversa del marco legal para validar un aumento salarial injustificable desde la óptica de los principios que rigen dicha ley: mérito, transparencia, equidad, austeridad, legalidad y responsabilidad fiscal. 

Según el propio texto de la norma, el artículo 52 permite la aprobación de escalas de compensación para cargos dentro del régimen del servicio civil, siempre que estos estén debidamente registrados en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) aprobado por SERVIR. Ni la presidenta ni los ministros están comprendidos en ese régimen. Por tanto, el uso del artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2025 para justificar el aumento no solo es legalmente forzado, sino también políticamente irresponsable.

Un gobierno sin respaldo, pero con privilegios

A julio de 2025, la presidenta Dina Boluarte se mantiene en el poder con menos del 4% de aprobación ciudadana, según las últimas encuestas nacionales. Es considerada una de las presidentas más impopulares de América del Sur, incluso por medios internacionales como BBC Mundo y Reuters, que reflejan el sentimiento ciudadano de indignación y rechazo.

Mientras el país enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana, un déficit fiscal que supera el 3.2% del PBI, y regiones con niveles alarmantes de pobreza e informalidad, el gobierno decide duplicar el sueldo de la mandataria sin evaluación pública, sin transparencia y sin legitimidad social. Este es un acto que revela la profunda desconexión entre el poder y la realidad del país.

SERVIR como escudo tecnocrático

Lo más preocupante es que este aumento ha sido justificado por informes técnicos del MEF y SERVIR que no han sido publicados ni debatidos públicamente. Esto debilita la confianza ciudadana en instituciones que, como SERVIR, fueron creadas para promover la transparencia y la profesionalización del Estado, y no para validar decisiones autocomplacientes.

La credibilidad institucional no solo se erosiona cuando los políticos abusan del poder, sino también cuando los órganos técnicos se pliegan a intereses de coyuntura. En este caso, SERVIR ha perdido la oportunidad de ejercer su rol de garante del principio de austeridad y legalidad en el servicio público.

El impacto político y económico del privilegio

El costo fiscal de esta medida es mínimo comparado con el impacto en la moral pública y la credibilidad del Estado. Lo que está en juego no es solo una planilla, sino el principio de que nadie debe legislar o ejecutar en beneficio propio, mucho menos cuando se es percibido como una autoridad ilegítima. Este tipo de decisiones afianzan la cultura del privilegio, profundizan la brecha entre ciudadanos y autoridades y deterioran la calidad de la democracia.

Como bien advirtió Milton Friedman:

“Lo que realmente importa es controlar cómo y en qué gasta el gobierno. El problema central no es la deuda en sí misma, sino mantener el gasto público bajo control como proporción de nuestros ingresos.”

Cuando un gobierno que no representa ni el 5% de la voluntad popular aumenta sus propias remuneraciones en medio de un clima de pobreza y crisis fiscal, no solo está violando el principio de austeridad, sino enterrando cualquier legitimidad para exigir sacrificios al resto del país.

En síntesis, este aumento, más allá de su legalidad discutible, es éticamente inaceptable y políticamente corrosivo. En un país que necesita reconstruir su institucionalidad y restablecer la confianza ciudadana, utilizar al sistema de servicio civil como coartada para otorgarse beneficios personales es una traición al espíritu republicano. Corresponde al Congreso derogar este decreto supremo, restablecer el principio de legalidad y asegurar que el servicio civil no se convierta en un instrumento al servicio del poder, sino en la columna vertebral de un Estado justo y eficiente.

Democracias a la deriva y ciudadanía ausente

Por Wens Silvestre

Desde inicios del siglo XXI, pero con especial intensidad en el último quinquenio, las democracias del mundo han enfrentado una creciente erosión. Autocracias electas, liderazgos populistas, manipulación de información mediante tecnologías digitales y polarización social han debilitado los fundamentos del gobierno representativo. Informes como los de Freedom House, V-Dem y The Economist Democracy Index coinciden: hay más retrocesos que avances. Y lo más preocupante es que estos procesos no solo se dan en regímenes frágiles, sino en democracias consolidadas como Estados Unidos, Israel, India y Brasil.

En este escenario global, la apatía ciudadana y el debilitamiento de los partidos políticos como intermediarios entre el poder y la población explican, en parte, por qué se eligen líderes autoritarios, ineficientes o corruptos. No es solo un fracaso de las élites; es también una falla colectiva de la ciudadanía global por no asumir un rol activo y deliberativo. 

En el caso peruano, la crisis democrática ha sido aún más aguda. Entre 2016 y 2025, el país ha tenido seis presidentes en menos de diez años, y un Congreso que, lejos de representar al pueblo, ha actuado como un órgano de blindaje, cooptación institucional y producción legislativa arbitraria.

El Congreso ha utilizado su poder para aprobar leyes por insistencia, incluso contra la opinión técnica del Ejecutivo y de organismos autónomos. Se ha fortalecido su control indirecto sobre instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y ha intentado socavar la independencia del Ministerio Público. Al mismo tiempo, ha promovido leyes abiertamente inconstitucionales o regresivas: la contrarreforma universitaria, la eliminación de detención preliminar, leyes punitivas contra adolescentes, restricciones al referéndum y leyes anti-ONG.

Lo más alarmante es que este copamiento se ha hecho sin una ciudadanía vigilante ni activa. La pasividad ha sido funcional al deterioro democrático.

¿Y el ciudadano? ¿Elector o cómplice?

La última encuesta de Datum (junio 2025) revela un dato estructuralmente preocupante: el 63 % de peruanos no simpatiza con ningún partido político y el 68 % prefiere votar por partidos nuevos (Congreso) antes que conocidos. Aunque esto refleja una legítima desilusión, también denota una ciudadanía que no ha desarrollado criterios sólidos de deliberación ni exigencia institucional.

Ø  El 53 % de encuestados prefiere un candidato "nuevo" en política frente a uno con experiencia (38%), incluso si eso implica mayor improvisación.

Ø  El 70 % decide su voto evaluando tanto al candidato como al partido, pero el 15 % lo hace solo por el candidato, sin importar el grupo que lo respalde.

Ø  Los atributos más valorados para el próximo presidente son sus propuestas (39 %) y su experiencia laboral (22 %), mientras que solo el 12% valora su trayectoria política.

La consecuencia es que figuras mediáticas o antisistema ganan protagonismo: Carlos Álvarez lidera la simpatía con 39 %, seguido por López Aliaga (29 %) y Yonhy Lescano (22 %). Paradójicamente, muchos de estos candidatos no tienen un proyecto institucional serio, y algunos acumulan altos niveles de rechazo (más del 30 % en varios casos).

Opciones rumbo a 2026: ¿refundar o repetir?

El Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026 con un ecosistema político devastado:

Ø  Los partidos tradicionales han perdido arraigo y credibilidad.

Ø  El Congreso continúa aprobando normas que debilitan la democracia y los derechos fundamentales.

Ø  El Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, ha sido cómplice por omisión o conveniencia, prefiriendo sobrevivir al costo de abdicar del control constitucional.

Sin embargo, la encuesta de Datum también muestra que la ciudadanía quiere un cambio: exige seguridad (46 %), economía (41 %), y lucha contra la corrupción (39 %) como prioridades para el próximo gobierno. El problema es que no encuentra a quién confiarle esa tarea.

O elegimos mejor, o dejamos de ser democracia

Las democracias no mueren de un golpe. Mueren de apatía, improvisación y elecciones sin memoria. El Perú es hoy un espejo de lo que ocurre a nivel global: la democracia está siendo vaciada desde dentro, no solo por los políticos, sino también por una ciudadanía que elige sin evaluar, que vota sin exigir, que observa sin participar.

Si 2026 se convierte en una repetición de los errores del pasado —eligiendo figuras sin equipos, partidos sin principios o candidatos sin trayectoria ni visión de país— entonces el país seguirá descendiendo en su espiral autoritaria. La oportunidad aún existe. Pero no es tarea solo de los políticos. Es, sobre todo, tarea de los ciudadanos.

El populismo previsional amenaza el futuro del país

Por Wens Silvestre

A pesar de que en septiembre de 2024 se aprobó la Ley 32123, que prohíbe nuevos retiros de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y establece una reforma integral del sistema previsional, el Congreso de la República ha optado nuevamente por ignorar la evidencia técnica y ceder a la presión populista. Al 26 de mayo de 2025, ya se han presentado 25 proyectos de ley que buscan permitir un octavo retiro de fondos previsionales, siendo 16 de ellos idénticos en el pedido: autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de las cuentas administradas por las AFP.

Uno de los más recientes incluso propone que ese retiro se efectúe en tiempo récord -en apenas 30 días- y amplía el alcance al retiro total del 100% de fondos para personas diagnosticadas con enfermedades graves o condiciones patológicas avanzadas.

En un país con baja cultura previsional y alta informalidad laboral, seguir debilitando el sistema de pensiones no es solo irresponsable: es una amenaza directa al bienestar de millones de peruanos que necesitarán ingresos en la vejez. La justificación política -acceder a recursos inmediatos para aliviar situaciones personales- es comprensible, pero el costo estructural de estas decisiones es gigantesco y, peor aún, nadie lo está calculando seriamente.

Las propuestas actuales carecen de estudios actuariales, análisis costo-beneficio, y ni siquiera proyectan el impacto fiscal de mediano plazo. Se trata de decisiones improvisadas, hechas al calor del oportunismo político, con fines de popularidad y reelección encubierta.

El daño ya está hecho... y empeora, basta con observar el desempeño de la cartera administrada por las AFP para dimensionar el deterioro. Un reciente informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra que entre 1999 y 2019, el fondo de pensiones creció sostenidamente, alcanzando cerca de S/ 130 mil millones, lo que representaba aproximadamente el 23% del Producto Bruto Interno (PBI). Era una cifra saludable que reflejaba el rol clave de las AFP como inversionistas institucionales, canalizando recursos hacia infraestructura, bonos soberanos, empresas, y otros activos productivos. Sin embargo, tras los múltiples retiros extraordinarios aprobados por el Congreso entre 2020 y 2023, la situación cambió radicalmente. Al cierre de marzo de 2025, la cartera cayó a menos de S/ 107.6 mil millones, representando apenas 9,9% del PBI. Esta es una pérdida de más de la mitad en su participación en la economía nacional en solo seis años. Más allá de los números, esto implica que el Perú ha dejado de tener un motor importante de inversión interna, de estabilización financiera y, sobre todo, de garantía de ingresos para sus adultos mayores. 

La función del sistema previsional es clara: proporcionar una pensión digna a quienes dejan de trabajar. Transformarlo en una cuenta de ahorros para uso libre y sin restricciones lo desnaturaliza completamente. ¿Qué ocurrirá con los millones de afiliados que ya han retirado gran parte o la totalidad de sus fondos? ¿Qué pensión recibirán en 10, 15 o 20 años? ¿Quién asumirá esa carga? La respuesta es clara: el Estado. Es decir, usted, yo, todos los contribuyentes.

La Ley 32123 fue un intento serio, aunque perfectible, de modernizar el sistema. Estableció un esquema multipilar, con aportes obligatorios, componentes solidarios y mecanismos innovadores como la pensión por consumo. También prohibió nuevos retiros no previsionales, precisamente para evitar el colapso del sistema. Sin embargo, esta ley ha sido saboteada políticamente antes de consolidarse, y lo más grave es que no hay consecuencias políticas por este saboteo institucional.

Es urgente recuperar la sensatez. La ciudadanía necesita saber que el sistema previsional no puede sobrevivir si cada año el Congreso decide desmantelarlo un poco más. Si de verdad se quiere ayudar a las personas en situaciones de emergencia, existen otras vías más técnicas y focalizadas: autopréstamos previsionales con devolución, fondos solidarios por enfermedad grave, o incluso programas de asistencia directa desde el Tesoro Público. Seguir utilizando los fondos previsionales como un paliativo social solo agrava el problema estructural y profundiza la precariedad del sistema.

Este artículo no es una defensa de las AFP ni del statu quo. El sistema debe mejorar, ser más transparente, más competitivo, y ofrecer mejores pensiones. Pero la solución no es vaciar las cuentas. La solución es construir, no destruir. Hoy más que nunca, el país necesita decisiones basadas en evidencia y no en encuestas. Necesita legisladores que piensen en el largo plazo, y no en la próxima elección. Necesita ciudadanía que entienda que la vejez también requiere planificación y esfuerzo, no solo promesas. Porque destruir un sistema de pensiones puede tomar una ley. Pero reconstruir la confianza y la sostenibilidad puede tomar una generación entera.

La economía de la reconciliación en un mundo al borde del colapso

Por: Wens Silvestre

Vivimos en un mundo que, pese a su desarrollo tecnológico sin precedentes, parece olvidar los fundamentos más simples y poderosos de la vida: amor, libertad, paz y bien. Estas cuatro palabras, que algunos desdeñan por considerarlas ingenuas, son en realidad las claves perdidas para restaurar un orden mundial justo, sostenible y verdaderamente humano. Hoy, más que nunca, urge recordar que la economía sin ética, la política sin verdad y la libertad sin amor son caminos seguros hacia la destrucción.

En este contexto, la reciente elección del Papa León XIV —Robert Francis Prevost, teólogo austero y pastor de periferias (nacionalizado peruano)— no solo simboliza un cambio de rostro en la Iglesia, sino también una señal del tiempo. Su mensaje inaugural, lleno de humildad y llamado a la unidad, ha sido una ráfaga de aire limpio en un clima geopolítico intoxicado por la guerra, el odio y el cinismo institucional. Mientras los políticos de las naciones se blindan en trincheras ideológicas, este nuevo líder espiritual llama a "construir puentes" con una voz que no busca imponerse, sino sanar.

No obstante, a lo largo de la historia, muchas civilizaciones han confundido poder con control y libertad con dominio. En nombre de la seguridad o el progreso, se han construido muros, se han endurecido fronteras, se han promovido guerras. Hoy, según el Institute for Economics and Peace (2025), hay más de 50 conflictos armados activos y 114 millones de personas desplazadas por la violencia o el clima. ¿Es este el precio de la modernidad?

Asimismo, la economía —que debería estar al servicio del interés general— ha sido capturada por la lógica del beneficio inmediato. La inversión global en armas superó los 2,2 billones de dólares en 2024 (SIPRI, 2025), mientras más de 820 millones de personas pasan hambre. En este absurdo moral, ¿qué tipo de humanidad estamos modelando? ¿Dónde quedó la economía del bien?

A ello se suma la dimensión ineludible de la crisis climática, que no es una amenaza futura, sino una realidad presente que actúa como multiplicador de pobreza, migraciones forzadas y conflictos sociales. Sequías prolongadas, fenómenos extremos, pérdida de cosechas y desplazamientos masivos están alterando las bases materiales de la vida y restringiendo el horizonte del desarrollo humano. El Banco Mundial estima que más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus países de aquí a 2050 por razones climáticas y podría sumir en la pobreza a 132 millones de personas para 2030. Si no respondemos con visión y justicia ambiental, la sostenibilidad será una quimera.

Por tanto, no habrá paz verdadera ni prosperidad duradera sin un perdón sincero. No me refiero únicamente al perdón individual o confesional, sino un perdón político, estructural, que reconozca errores históricos, pida perdón a los pueblos olvidados, y apuesta por la reconciliación como política pública. En ese sentido, los políticos, especialmente quienes conducen naciones en guerra o sumidas en la desigualdad, deben reconciliarse entre ellos antes de exigir sacrificios a sus pueblos. La rivalidad entre bloques, la lógica de "amigo-enemigo", ha llevado al mundo al borde del abismo. La paz debe dejar de ser un discurso de protocolo para convertirse en un proyecto económico y político viable, basado en la confianza mutua, el diálogo valiente y la reconstrucción de la dignidad general.

Desde esta perspectiva, resulta imprescindible pensar en una economía sustentada en valores trascendentes: amor por el prójimo, libertad interior, paz social, y bien integral. No se trata de romanticismo, sino de realismo radical. Estudios del Banco Mundial han demostrado que las sociedades con mayor cohesión social y menor desigualdad tienden a tener mayor crecimiento económico sostenible. Y es que donde hay paz sincera, hay inversión; donde hay amor social, hay innovación; donde hay libertad auténtica, florece la creatividad.

Además, amar, en términos políticos, significa poner al ser humano al centro. Liberar, en términos económicos, significa romper con el yugo del miedo, del hambre, de la exclusión. La paz no es la ausencia de balas, sino la presencia de justicia. Y el bien no es un ideal lejano, sino un horizonte que da sentido a cada política pública.

En consecuencia, el Papa León XIV, aunque no sea un actor político tradicional, representa una de las pocas voces globales con autoridad moral suficiente para despertar conciencias. Precisamente por no estar vinculado al poder terrenal, su mensaje tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. Él ha recordado que la historia no está escrita, que aún hay tiempo para la conversión social, y que los liderazgos futuros no se medirán por el PIB ni por el poderío militar, sino por su capacidad para sanar, unir y cuidar. Su mensaje no es solo para católicos, sino para todo ser humano que aún crea en la posibilidad de un mundo reconciliado.

En definitiva, el mundo no necesita más tratados comerciales sin alma ni más pactos militares sin razón. Lo que necesita con urgencia son hombres y mujeres capaces de amar con inteligencia, de liberar sin destruir, de pacificar sin someter y de hacer el bien sin esperar aplausos. Tal vez todo empiece por asumir que las cuatro palabras que cambiaron la historia —amor, libertad, paz y bien— no son solo un ideal, sino la única economía viable para que la humanidad tenga futuro.

Desgobierno y cinismo: la república que se desangra en silencio

Por Wens Silvestre

Nuestro país atraviesa un momento crítico. No es una crisis más en la larga sucesión de inestabilidades que nos han marcado como país. Es una fractura profunda, un desgobierno estructural, una violencia que se ha vuelto sistemática, normalizada, aceptada por omisión. Una nación que se desangra en silencio mientras los políticos -los del Ejecutivo y una mayoría del Congreso- observan desde su burbuja de privilegios, más preocupados por blindar su poder que por defender la vida, la justicia o la esperanza de los peruanos.

La muerte de 13 trabajadores mineros en Pataz no es una anécdota. Es el síntoma más desgarrador de un Estado que ha cedido su autoridad a las mafias. Secuestrados, asesinados, enterrados en el silencio oficial. El premier Gustavo Adrianzén, lejos de liderar una respuesta decidida, deslizó inicialmente que “no tenía noticia de que el suceso fuera veraz”. ¿Qué mayor prueba de la bancarrota de nuestro sistema de inteligencia? ¿Cómo puede un jefe de gabinete que ignora una masacre nacional seguir en su cargo?

Y mientras tanto, el crimen organizado se fortalece. Las bandas vinculadas a la minería ilegal controlan territorios, financian sicariato, corrompen autoridades locales y extienden sus redes con absoluta impunidad. El REINFO -un registro creado para formalizar la pequeña minería- se ha convertido en una herramienta para el blanqueo de actividades ilícitas. Una mayoría del Parlamento, lejos de enmendar este desastre, aprobaron en diciembre de 2024 una nueva ampliación del proceso, cediendo una vez más al chantaje de los intereses ilegales disfrazados de “formalización”.

Desde marzo, el gobierno de Dina Boluarte ha acumulado una cadena de escándalos, mentiras y fracasos. El premier Adrianzén mintió descaradamente al Congreso al afirmar que Petroperú se encontraba en vías de recuperación, cuando ya se conocían -aunque no públicamente- las pérdidas por más de US$111 millones en el primer trimestre de 2025. ¿Dónde quedó la transparencia? ¿Qué valor tiene la palabra de un funcionario que falsea cifras frente al Parlamento?

Tampoco es menor la propuesta de obligar a los medios a transmitir propaganda oficial durante estados de emergencia. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, sugirió modificar la Ley de Radio y Televisión para que los canales cumplan con “una franja informativa” del Ejecutivo. ¿Esto en un país donde la libertad de prensa ha sido clave para destapar escándalos de corrupción e ineficiencia? Esta pretensión es, sin duda, un atentado contra la democracia liberal.

 El Congreso: un reflejo deformado de la ciudadanía

Por su parte, el Parlamento no es menos culpable. Con 2% de aprobación, ha alcanzado mínimos históricos, y no por azar. La desconexión con la ciudadanía es total. Los discursos incendiarios, las alianzas hipócritas con el gobierno, el encubrimiento sistemático de ministros incompetentes o cuestionados, revelan una institución vaciada de propósito. No representan a nadie más que a sí mismos.

Mientras tanto, el país sangra. La inseguridad ha llegado a niveles nunca antes vistos. Extorsiones, homicidios, toques de queda, zonas enteras controladas por mafias. En vez de presentar reformas estructurales, los poderes del Estado responden con medidas efectistas, declaraciones vacías y una inercia que ofende.

El pueblo, cansado, observa. Marcha. Grita. Pide cambios. Pero nadie escucha. Los gobernantes han optado por la indiferencia, una forma de violencia simbólica que es aún más dolorosa: la de saberse ignorado por quienes juraron defender la patria. Este desgobierno es más que una mala gestión. Es la negación del contrato social. Es el triunfo del cinismo sobre la ética. Es la política reducida al cálculo de la supervivencia en el poder.

Una salida

Desde una perspectiva republicana, el país necesita recuperar el Estado. No uno burocrático e ineficiente, sino uno meritocrático, transparente, con límites al poder y con capacidad de proteger derechos y vidas. Se requiere una reforma política profunda, que elimine el caudillismo y la informalidad partidaria; una reforma del Estado, que recupere la eficiencia sin ceder a la captura corporativa; y un nuevo pacto social, que devuelva a la ciudadanía su voz.

Hoy el Perú no se descompone por falta de leyes, sino por la ausencia de virtudes cívicas. No es la pobreza lo que nos destruye, sino el oportunismo, la cobardía y la mentira institucionalizada.

Censurar al premier es solo un primer paso. Lo que se necesita es un verdadero acto de reparación: rescatar la política del fango en el que ha sido arrojada y devolverla a su noble propósito de servir al bien común. Porque si no se actúa ahora, el Perú no será solo un país fallido: será una promesa traicionada.

 

La emergencia es climática, pero el colapso es político

 Por Wens Silvestre

Ya no son proyecciones, ni escenarios hipotéticos, ni simulaciones de laboratorio. Son datos. Son muertes. Son miles de millones en pérdidas. Es el calor abrasador que azota ciudades. Es el deshielo que arrastra vidas. Es el océano cada vez más caliente que asfixia ecosistemas y altera sistemas climáticos enteros. El 2024 fue el año más cálido jamás registrado. El planeta, oficialmente, ya ha cruzado el umbral de +1,5 °C en promedio global. El Acuerdo de París, hasta ayer un horizonte preventivo, hoy parece un punto de referencia superado.

Y, sin embargo, el negacionismo climático —tanto el burdo como el disfrazado— sigue presente en las cumbres políticas, en los escritorios de decisión y, lo más preocupante, en la mente de líderes que deberían guiar al mundo. En pleno 2025, Donald Trump vuelve a la presidencia de los Estados Unidos retirando nuevamente al país del Acuerdo de París y prohibiendo a científicos federales colaborar con el IPCC. No es solo negación: es obstrucción deliberada al conocimiento, al multilateralismo y a la esperanza de un mundo habitable.

La evidencia que desborda la indiferencia

En Europa, según el informe State of the Climate 2024, la temperatura media ha superado los +2,4 °C respecto a la era preindustrial. Más del 30% de los ríos europeos experimentaron inundaciones por encima de sus umbrales críticos. En Svalbard, el verano fue +2,58 °C más cálido que la media histórica. El Mediterráneo registró su temperatura superficial más alta en la historia. Más de 335 personas perdieron la vida solo por eventos extremos en el continente.

A nivel global, el Global Energy Review 2025 de la Agencia Internacional de Energía deja una paradoja brutal: récord de instalaciones renovables (más de 700 GW), pero también récord de emisiones de CO₂ (37,8 Gt). ¿La razón? Seguimos sumando renovables, pero no restamos fósiles. Agregamos lo nuevo sin desmantelar lo viejo. Una transición energética que no desplaza, solo decora.

La política del "mientras tanto"

Mientras la ciencia avanza y la naturaleza responde con creciente violencia, la política global se divide entre el coraje y la conveniencia. En Europa, la narrativa climática está siendo capturada por disputas internas y populismos de corto aliento. En China e India, la velocidad del crecimiento fósil sigue superando a la expansión de las renovables. En América Latina y África, las promesas se estrellan contra realidades presupuestarias y estructuras de poder fósil dependientes.

Y mientras tanto, los líderes negacionistas alimentan una falsa seguridad. Dicen que el cambio climático no es urgente, que la ciencia exagera, que la economía no puede soportar la transición. Pero ¿cuánto cuesta no hacer nada? Según la ONU, el costo de los desastres climáticos superó los 300.000 millones de dólares en 2023. Y sigue creciendo.

Adaptar, mitigar y anticipar: las tres claves de la coherencia climática

La solución existe. Tiene nombre y tiene respaldo técnico. Se llama mitigación, se llama adaptación, se llama cambio estructural. No es retórica. Es planificación urbana con infraestructura verde, donde las ciudades no solo crecen, sino que respiran: techos verdes que reducen el efecto isla de calor, corredores ecológicos que conectan biodiversidad con calidad de vida, calles rediseñadas para peatones y ciclistas antes que para autos. Es gestión integral de residuos, donde la economía circular deja de ser una promesa para convertirse en una práctica masiva: menos vertederos, más compostaje, más reciclaje real, más innovación para evitar que lo desechado termine degradando ecosistemas.

Es abandonar progresivamente el carbón, el gas y el petróleo, no como un acto simbólico, sino con calendarios vinculantes, planes de cierre programado y transición justa para los trabajadores y las regiones dependientes de la industria fósil. Es electrificar la movilidad, no solo en los centros urbanos privilegiados, sino también en zonas rurales, con transporte público eficiente, infraestructura de recarga distribuida y acceso equitativo a tecnologías limpias.

Es reformar los sistemas fiscales para que quien contamina pague más y quien protege reciba incentivos: subsidios a energías limpias en lugar de a combustibles fósiles, impuestos al carbono con criterios redistributivos, y beneficios reales para quienes apuestan por la eficiencia energética, la restauración ecológica o la innovación climática. 

Y, por encima de todo, es reducir desigualdades estructurales, porque el cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino también una crisis de justicia. Los más pobres, que menos han contribuido al problema, son quienes más lo sufren. Adaptarse, entonces, no es solo prepararse para el cambio; es garantizar que ninguna comunidad, ningún territorio, ningún niño quede atrás cada vez que una sequía extrema, un huracán o una inundación nos recuerdan que el clima ya cambio.

Adaptar no es rendirse; es prepararse. Mitigar no es un lujo verde; es supervivencia.

El conocimiento acumulado en informes científicos, como los del IPCC, el Copernicus Climate Change Service (C3S) y la Agencia Internacional de Energía (IEA), no deja espacio a la interpretación ideológica ni al relativismo interesado. Estos documentos no son meras recomendaciones: son el resultado de décadas de observación sistemática, modelos validados, consenso científico global y evidencia empírica replicada. Negarlos o relativizarlos es tan absurdo como negar la gravedad o la circulación del sistema cardiovascular. El clima no negocia, ni espera a que el péndulo político se acomode.

Lo que sí permiten estos informes es actuar con inteligencia estratégica, sentido de justicia y visión de largo plazo. Permiten diseñar políticas públicas basadas en datos, no en ocurrencias ni en cálculos electorales. Nos dicen dónde están los mayores focos de vulnerabilidad, qué sectores deben priorizarse, qué tecnologías están listas para escalarse y qué costos —sociales, financieros, ecológicos— implica no actuar. 

En ese sentido, las políticas climáticas ya no son una cuestión de sensibilidad ambiental o buena voluntad ética, aunque también lo sean. Son la única estrategia racional de supervivencia económica, de sostenibilidad fiscal, de estabilidad geopolítica y de paz social. Negarse a reducir emisiones hoy es comprometer la seguridad alimentaria, energética y sanitaria de mañana. Ignorar la adaptación es dejar indefensas a millones de personas ante el colapso de sus territorios. Postergar la transición justa es sembrar frustración, desempleo estructural y migraciones forzadas que luego alimentan discursos extremistas.

La ciencia ha entregado el mapa. La política tiene que decidir si quiere navegar hacia un futuro habitable o estrellarse contra el muro de su propia ceguera. Y lo más grave: ya no se trata de evitar el impacto, sino de decidir cuán profundo, duradero e injusto queremos que sea.

La urgencia de liderazgos valientes

Lo que falta no es evidencia, sino voluntad. El verdadero déficit climático es de liderazgo. Se necesitan gobiernos capaces de decir verdades incómodas, de asumir costos políticos temporales para evitar colapsos permanentes. Se necesitan medios que dejen de presentar “ambos lados” del debate cuando uno de ellos ya ha sido invalidado por la física, la química y la vida misma. Y se necesita una ciudadanía informada, activa, vigilante.

¿Qué más hace falta para actuar? ¿Un año más caluroso? ¿Un océano más ácido? ¿Otro millón de desplazados por sequías e inundaciones? No deberíamos necesitar más tragedias para entender lo obvio. El planeta ya gritó. La ciencia ya escribió. Ahora, la historia —nuestra historia— espera ser decidida.

Nota: Este artículo refleja la opinión del autor, con base en evidencia científica de los informes “Global Energy Review 2025” de la AIE y “State of the Climate 2024” del C3S.

La reforma pendiente del Estado y el desafío electoral del 2026: más presupuesto, menos resultados

Por Wens Silvestre

A un año de las elecciones generales del 2026, el Perú se enfrenta a una encrucijada política, económica e institucional que pondrá a prueba no solo la solidez de su democracia, sino también la madurez de su clase política y su ciudadanía. Según el Jurado Nacional de Elecciones, 41 partidos políticos están actualmente inscritos y habilitados para participar, mientras que otras 32 agrupaciones están en proceso de inscripción. Esta cifra refleja no una vitalidad democrática, sino más bien una preocupante fragmentación del sistema político.

El proceso será particularmente trascendental, ya que, además de elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso, se restablecerá el Senado después de 35 años, con la elección de 60 senadores y 130 diputados. No obstante, el contexto en el que se celebrarán estos comicios es profundamente adverso: crisis de seguridad, corrupción estructural, ineficiencia del Estado, pobreza estancada y desconfianza generalizada en las instituciones.

Una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el Congreso solo cuenta con 2% de aprobación ciudadana, mientras que la presidenta Dina Boluarte alcanza apenas un 4%. Esta desaprobación histórica se explica, en gran medida, por una gestión pública que no responde a las expectativas ciudadanas, a pesar del notable crecimiento del presupuesto público en las últimas dos décadas.

En efecto, el presupuesto del sector público aprobado para 2025 (PIA) asciende a S/ 251.8 mil millones, y el modificado ya bordea los S/ 260.6 mil millones. Comparado con el año 2006, cuando el PIA era de S/ 50.9 mil millones, el crecimiento ha sido alrededor 500% en términos nominales. Sin embargo, este aumento no ha implicado mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos.

Una revisión de la estructura del gasto revela un patrón preocupante: el crecimiento del presupuesto ha estado fuertemente concentrado en remuneraciones y pagos previsionales. En 2008, el gasto en personal, pensiones y servicios de terceros sumaba S/ 28.5 mil millones (40.2% del presupuesto). Para 2025, esta cifra asciende a S/ 114.1 mil millones (45.3% del PIA), y un crecimiento nominal de 400%. No obstante, la calidad de los servicios en salud, educación, justicia y seguridad sigue siendo deficiente. En otras palabras, el Estado se ha convertido en una maquinaria costosa que no entrega resultados tangibles.

La situación es especialmente crítica en sectores sensibles como educación. El Perú pasó del puesto 63 en matemáticas en la prueba PISA 2009 al puesto 59 en 2022. Esta mejora marginal no refleja el aumento presupuestal ni el esfuerzo esperado por parte del aparato estatal. En paralelo, la pobreza monetaria apenas se redujo de 36% en 2008 a 29% en 2024, una caída modesta frente al incremento de 400% en el gasto público en personal.

Estos indicadores son sintomáticos de un Estado capturado por intereses particulares, donde la meritocracia ha sido desplazada por el amiguismo, el clientelismo y el reparto de cuotas de poder. La proliferación de partidos sin democracia interna —estructurados alrededor de caudillos eternos— ha bloqueado la posibilidad de construir verdaderas coaliciones programáticas. El Congreso actual y buena parte del Ejecutivo han sido incapaces de responder a la crisis estructural que atraviesa el país.

Más allá de los números, lo que está en juego en el 2026 es el futuro de nuestra institucionalidad. Se requiere una reforma del Estado que priorice la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, con énfasis en la recuperación de la meritocracia como principio rector del servicio público. Sin este cambio estructural, el país seguirá atrapado en un ciclo de gasto improductivo, descontento social y parálisis institucional.

El reto es también ciudadano. Los electores deben informarse y elegir con criterio, superando la tentación de los discursos populistas y desconfiando de partidos que no practican lo que predican. Solo una ciudadanía activa, exigente y crítica podrá empujar los cambios que el país necesita.

El 2026 puede ser un punto de inflexión. Pero para que lo sea, debemos dejar de premiar la improvisación y el oportunismo. El Perú no necesita más gasto, necesita mejor gestión. Y eso solo será posible con una verdadera voluntad de reforma y una renovación ética de su clase dirigente. 

Inseguridad sin freno, un país sin liderazgo

Por Wens Silvestre

La inseguridad en el Perú ha alcanzado niveles intolerables. Hoy, vivimos bajo el asedio del crimen organizado, con un Estado paralizado que no solo ha fracasado en garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que ha permitido el avance del sicariato, las extorsiones y el terrorismo urbano.

Las cifras lo confirman: según Sinadef, el 2024 cerró con 2,057 homicidios, un aumento del 36.6% respecto al 2023, mientras que en lo que va del 2025, hasta el 17 de marzo, ya se han registrado 459 asesinatos. La violencia se ha apoderado de las calles y la respuesta del gobierno de Dina Boluarte y su equipo ministerial ha sido tan deficiente como desesperante. 

El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, en un violento ataque a su bus, así como la ola de extorsiones a colegios privados y públicos, donde las mafias imponen cuotas a los padres de familia bajo amenaza de explosivos, son apenas los últimos eslabones de un fenómeno que está devorando la tranquilidad de los peruanos. ¿Y qué hace el gobierno? Militarizar las calles y prolongar estados de emergencia ineficaces. 

La realidad es que la política de seguridad ha fracasado. La militarización sin estrategia no resuelve el problema, solo lo posterga. No hay inteligencia operativa, no hay acciones preventivas contundentes, no hay liderazgo. 

El premier Gustavo Adrianzén, en lugar de asumir su responsabilidad y tomar medidas drásticas, ha optado por ser un escudero de ministros inoperantes, como el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuya ineficacia y falta de liderazgo han llevado a que la criminalidad aumente sin control. Mientras el Perú se desangra, Santiváñez viajó al extranjero, evita responder por su pésima gestión y sigue en el cargo con la venia del Ejecutivo. 

Su incapacidad queda en evidencia con la baja ejecución presupuestaria en seguridad del Ministerio del Interior: de los S/ 250.4 millones asignados a inversiones en el 2024, solo ejecutó el 74.5%, dejando S/ 63.8 millones sin gastar, cuando el país necesita patrulleros, tecnología e inteligencia policial para combatir el crimen.

Y no olvidemos el papel de una mayoría en el Congreso, aliada el Ejecutivo. Tardaron más de 1,800 muertos en reunir las firmas para la censura de Santiváñez. Su falta de acción convirtió la inseguridad en un problema de cálculo político, en lugar de un tema de supervivencia nacional. 

Cada vez que el Ejecutivo es confrontado con los fracasos de su gestión, responde con las mismas excusas gastadas: 

✔ "Estamos evaluando medidas" 

✔ "Hemos declarado estado de emergencia"

✔ "La criminalidad es un problema estructural"

✔ "La prensa no nos deja trabajar"

Lo que no dicen es que su falta de liderazgo ha paralizado la lucha contra el crimen. Que sus estados de emergencia no han reducido los homicidios ni las extorsiones. Que, no hay un plan integral de seguridad ciudadana. Y, que sus prioridades están en defender ministros inoperantes en vez de garantizar la vida y tranquilidad de los ciudadanos.

Nuestro país necesita acción inmediata. No basta con discursos y medidas populistas, se requiere una reforma integral en la seguridad del país. 

·         Cambio inmediato del ministro del Interior: Santiváñez ha demostrado ser un fracaso rotundo y su permanencia es una ofensa a los miles de víctimas del crimen organizado. 

·         Reestructuración de la Policía Nacional del Perú (PNP): Sin inteligencia operativa ni tecnología, la lucha contra la delincuencia está perdida. Urge dotar a la PNP de recursos, entrenamiento especializado y una reestructuración profunda. 

·         Coordinación real entre Poderes del Estado: El Ejecutivo, Legislativo y el sistema de justicia deben trabajar juntos en una política de seguridad nacional unificada. Hoy, cada uno actúa por su lado, con resultados casi nulos. 

·         Fin del uso político de la inseguridad: La crisis no puede ser una herramienta electoral ni una excusa para medidas improvisadas. Se requiere liderazgo técnico, no propaganda ni cálculos políticos. 

Nuestro país no puede permitirse más excusas, ni ministros inoperantes, ni gobiernos indolentes. Si este gobierno no actúa ahora, el crimen organizado terminará tomando el control del país, como ya ocurre en Ecuador y México. 

El pueblo peruano exige seguridad, justicia y cambios reales. Es hora de que el gobierno reaccione o se haga a un lado.